Asociación Wayra
Las provincias de Quispicanchi, La Convención, Chumbivilcas y Cusco, constituyen las zonas que concentran el más alto índice de trata de personas en el departamento surandino de Cusco.
La trata de personas tiene como componentes en su ejecución la captación, traslado, acogida o receptación de personas, mediante el engaño o la amenaza, con fines de explotación laboral y/o sexual, o la extracción de órganos.
Los mecanismos de captación más comunes en la zona son las llamadas “agencias de empleo” y el “padrinazgo”. El Dr. Silvio Campana, representante de la Defensoría del Pueblo en Cusco, manifiesta su preocupación por la práctica ancestral del "padrinazgo", el cual, muchas veces encubre condiciones de explotación laboral. En esta modalidad, una persona se gana la confianza de una familia humilde para que le entregue a uno de sus hijos con la finalidad de brindarle estudios en la capital, sin embargo, esto se convierte en explotación laboral y privación de la libertad de los menores.
Por otro lado, el departamento de Madre de Dios es el principal punto de destino de víctimas (en su mayoría mujeres adolescentes) que son captadas en Quispicanchi con fines de explotación laboral y sexual, debido a la actividad minera aurífera informal que existe en esta región. Estas jóvenes son atraídas por medio de anuncios y ofertas de trabajo muy bien remunerados, para realizar los oficios de meseras y ayudantes de cocina en restaurantes y bares.
Las ferias dominicales de Urcos y Ocongate también son lugares donde las mafias, lideradas principalmente por mujeres, captan a menores de edad (normalmente adolescentes) para ser trasladadas sin autorización de sus padres. Estas adolescentes, en su mayoría provenientes de comunidades campesinas, en muchas ocasiones, han sido víctimas de violencia familiar en sus hogares y, presumiblemente, también han sufrido violencia sexual.
Desde Urcos, por su ubicación de ciudad puerto, las adolescentes víctimas de trata son conducidas hacia Madre de Dios, Lima, Arequipa, Moquegua, Tacna y Puno y probablemente también sean captadas para que su destino final sea Chile o Bolivia.
El proyecto “Prevención de la Trata para la Explotación Sexual, Comercial y Protección de Niñas y Adolescentes en Zonas Andinas y Amazónicas de Perú” que se ejecuta en Urcos, capital de la provincia de Quispicanchi (Cusco), ha podido determinar que el 99% de los escolares entre 12 y 17 años de edad no ha escuchado sobre este delito y no tiene conocimiento sobre la trata de personas (más conocida como “La esclavitud del siglo XXI”). Es más, cerca del 95% de los padres de familia y tutores no tienen conocimiento sobre el tema y el 95% de la población en general desconoce este delito. Esto explica, en parte, la no existencia de denuncias en las comisarias o fiscalías de la provincia.
Se hace indispensable advertir a la ciudadanía sobre las diferentes formas en que operan estas mafias, mas aún sabiendo que solo 3 de cada 10 peruanos han escuchado hablar sobre esta amenaza. En la zona de Urcos, gracias a la intervención del proyecto, se ha logrado sensibilizar a operadores de justicia, policía nacional, autoridades comunales, escolares de nivel secundario, defensores comunales, padres de familia y gremios organizados. Igualmente, gracias a la colaboración de los medios de comunicación, también se ha llegado a la población en general mediante la difusión de un spot en castellano y quechua.
Desde el 16 de enero de 2007 el Perú cuenta con la Ley N° 28950- “Ley contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes”; la cual dispone, según sean las circunstancias y consecuencias, una sanción de entre 8 y 25 años de cárcel a las personas vinculadas con la venta de niños, explotación sexual y laboral, mendicidad y el tráfico de órganos. Asimismo, esta ley dispone medidas de asistencia y protección a las víctimas de este delito. Sin embargo, a pesar de que ya cuenta con cinco años de vigencia, falta mucho por hacer.
Urge que las autoridades tomen conciencia del problema que aqueja a gran número de víctimas y que la sociedad civil esté unida en contrarrestar este delito que, luego del narcotráfico y la venta ilegal de armas, es considerado como uno de los más graves del mundo. Este delito involucra directamente a más de 12 millones de personas, las que son obligadas a trabajos forzados, dejando a las organizaciones delictivas ganancias superiores a los 17 mil millones de nuevos soles.
Publicado en Revista Intercambio Nº 17 (Setiembre 2011)
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